Seis años después de que en el sur del Atlántico unas 200 mil personas quedaran con al agua hasta el techo de sus casas, luego de las inundaciones tras un boquete en el Canal del Dique entre las poblaciones de Calamar (Bolívar) y Santa Lucía (Atlántico), el Gobierno Nacional no ha hecho las obras que evitarían definitivamente que se repita esa que ha sido la peor tragedia invernal en la historia reciente de ese departamento.
Como dato particular: el gobernador del Atlántico (el liberal Eduardo Verano De la Rosa) es el mismo que estaba al frente cuando el sur se inundó y antes de que eso ocurriera él y sus funcionarios aseguraban que esa zona estaba “blindada”.
La Silla Caribe viajó a la zona y constató que la intranquilidad de los habitantes de Santa Lucía, Manatí, Repelón, Campo de la Cruz y Suan aumentó en los últimos días porque el nivel del Canal del Dique ha subido a causa de las fuertes lluvias que se presentan en la región.
El agua pasó de un nivel normal de 2.5 metros a 4.83 metros y aumenta diariamente unos 8 centímetros, según los últimos reportes del monitoreo que está haciendo la Gobernación. Cuando el desastre de 2010 ese nivel fue de 9 metros.
La responsabilidad de que se hicieran las obras para reconstruir el sur del Atlántico y para evitar que inundaciones similares se repitan es del Fondo de Adaptación. Esa es una entidad que nació en 2011, adscrita al Ministerio de Hacienda, precisamente para reconstruir las zonas afectadas por el invierno de ese año.
Las demoras en el Fondo
Las demoras en el Fondo
Tras la inundación en el Atlántico en 2010, el Fondo priorizó las obras para reconstruir las zonas pobladas que quedaron casi devastadas y en ellas hizo vías, megacolegios, hospitales y viviendas.
Pero para recuperar del todo esa zona y darle una solución definitiva a varias fallas del Canal del Dique, un brazo artificial del río Magdalena de aproximadamente 113 kilómetros, el Fondo debía sacar adelante un megaproyecto que recibió por parte de Cormagdalena y contempla una inversión de 1.7 billones de pesos.
Ese ambicioso proyecto, denominado Macroproyecto Canal del Dique, está dividido en dos fases: la primera comprende la realización de obras de protección de las orillas y el refuerzo y construcción de diques, para evitar inundaciones en Bolívar y en el sur del Atlántico. Y la segunda es la construcción de dos esclusas que cumplirán, entre otras funciones, la de controlar los niveles del Canal del Dique. Esta última fase es vista por el Fondo como la solución definitiva a las inundaciones a lo largo de todo ese brazo del Magdalena.
El proyecto fue presentado en septiembre de 2011, pero apenas hasta agosto de 2013 la entonces directora del Fondo, Carmen Arévalo, adjudicó el contrato para el diseño de las obras. La demora en la adjudicación de ese contrato, según el Fondo, fue porque había prioridad en las obras de reconstrucción de colegios, hospitales y vías.
Los diseños para ese macroproyecto fueron contratados, por 55 mil millones de pesos, con el Consorcio Dique, conformado por dos firmas: la holandesa Royal Haskoning DHV y la colombiana Gómez Cajiao.
Ese consorcio trabajó desde entonces en la inspección del Dique para realizar el diseño de las intervenciones de la primera fase del megaproyecto y finalmente en 2015 le recomendó al Fondo la intervención en 11 puntos en las zonas que bordean el canal (en Bolívar y Atlántico) para evitar inundaciones.
Esas obras fueron anunciadas por el Fondo de Adaptación en abril de 2016, antes de que el ahora ministro de Minas Germán Arce dejara su cargo como director del Fondo y empezaron apenas en mayo de ese año, cinco años después de la inundación del Sur y dos años después de contratados los diseños, como lo contamos.
Arce llegó a ese cargo en 2014 luego de la salida de la arquitecta Carmen Arévalo, cuya gestión al frente de la entidad fue criticada precisamente por estos atrasos.
La razón que dan en el Fondo para que esos proyectos apenas arrancaran el año pasado, además de alegar que en esa entidad habían priorizado las obras de reconstrucción de los pueblos devastados, es que tuvieron dificultades para adquirir unoS 10 predios de la zona que tenían que estar en propiedad del Estado para poder contratar las obras en los tramos recomendados.
Además de eso, también tuvo que ver ahí el pulso entre el entonces gobernador liberal José Antonio Segebre y el Fondo. Segebre cuestionaba que se dejara de hacer intervención en algunos puntos que también eran críticos a parte de los recomendados por el consorcio colombo - holandés. De hecho en diciembre de 2015, antes de dejar su cargo, alertó de un riesgo inminente de inundaciones si no se intervenían con urgencia las zonas en riesgo.
Por las demoras en contratar dichas obras y por quejas de los habitantes de la región que, en algunos casos, tuvieron que vivir en cambuches hasta el 2015, la gestión tanto de Arévalo como de Arce en el Fondo ha sido blanco de críticas por parte de políticos atlanticenses.
La diputada liberal Lourdes López, que ha hecho seguimiento al tema de la tragedia del sur desde el principio, por ejemplo, los ha cuestionado a ambos y sigue criticando el nombramiento de Arce en el Minminas luego de su “lenta gestión” para obras de las zonas afectadas por las inundaciones mientras fue gerente del Fondo.
Esos llamados de políticos pidiendo celeridad en los trabajos del Fondo para mitigar el riesgo de una nueva tragedia en el cono sur del Atlántico han seguido y el año pasado tuvieron eco nacional cuando la representante conservadora Inés López dejó en responsabilidad del Fondo y del gobernador Verano De la Rosa el hecho de que una inundación similar a la de 2010 se repitiera.
A ella se unieron nueve de los 17 congresistas del Atlántico, quienes firmaron una carta en la que, además de denunciar supuesta negligencia por parte de Verano, sugirieron que la Gobernación debía financiar parte de las obras que necesita el sur. Cuestionaron que, por ejemplo, se invirtiera con prioridad en la recuperación del muelle de Puerto Colombia (un pueblo vecino a Barranquilla, en el norte) para uso turístico, antes que en el sur del departamento.
Fue precisamente después de ese último llamado de los políticos y de que la comunidad de Santa Lucía alertara sobre erosión y filtración de aguas que por fin empezaron a contratarse y a ejecutarse las tres primeras obras de mitigación en el Sur, entre los meses de julio y octubre del año pasado.
Esas obras hacen parte de las 11 intervenciones que sugirió el consorcio colombo - holandés para evitar inundaciones. Las ocho restantes se adelantan en pueblos de Bolívar y fueron contratadas desde principios del año pasado.
De las tres obras contratadas para el sur del Atlántico apenas se ha hecho una y ni siquiera es la más clave: se trata de la protección de tres puntos críticos en las veredas Caño Arenas, Caño Tabaco y Boquitas, jurisdicción de Manatí, por un costo de 7.454 millones de pesos. Esa obra la ejecutó el consorcio Control Santa Lucía integrado por las firmas UCO S.A y Promotora El Campin S. A.
Las otras dos, que son las más importantes, van una en un 10 por ciento de ejecución y otra está suspendida con el 50 por ciento de la ejecución, pese a que ambas fueron adjudicadas entre julio y septiembre del año pasado.
El retraso en las dos obras clave del sur
Las dos obras clave que había que contratar para el sur del Atlántico eran un refuerzo en 15 puntos del Canal del Dique, sobre la vía entre Santa Lucía y Villa Rosa. Y la construcción de 1.400 metros del talud del Dique que queda del lado de Santa Lucía.
La que está en el 10 por ciento de ejecución fue entregada en octubre del año pasado por 55.594 millones de pesos al consorcio Vías del Canal del Dique, integrada por las firmas KMA Construcciones y Construcciones e Inversiones Beta S.A.S.
En total tienen que ser intervenidos unos 15.200 metros, pero desde el 27 de octubre, cuando arrancaron los trabajos, el contratista apenas ha intervenido en 1.500 metros, pese a que según el contrato los trabajos deben estar listos a finales de octubre de este año.
Aunque el Fondo y el contratista coinciden en que las obras van a buen ritmo y que, por ejemplo, diariamente se están suministran 3.000 metros cúbicos de arena de dragado, la comunidad de esta zona duda de que los trabajos estén listos en la fecha indicada, porque en seis de los 13 meses que dura el contrato van a penas en el 10 por ciento de ejecución.
La segunda obra, que es la que está suspendida, merece capítulo aparte porque se trata de las más urgentes, debido a que los trabajos se hacen en el pueblo de Santa Lucía, que queda a la orilla del Canal del Dique. Mantener blindado ese municipio evita que exista riesgo de inundación en los vecinos Manatí y Repelón.
Obras en Santa Lucía: suspendidas y con fallas
Santa Lucía es una población de unos 12 mil habitantes anclada frente al canal del Dique y fue una de las más devastadas cuando ese se rompió a finales de 2010. Ahí todavía tienen vivo el recuerdo de aquel mediodía del 12 de diciembre, un día antes de las fiestas patronales de la santa en cuyo honor fue nombrado el pueblo, cuando el agua empezó a meterse y cubrió sus casas hasta el techo.
“Eso fue espantoso. Todo el mundo lloraba desesperadamente. Por eso cada vez que nos sentimos en peligro alertamos a los responsables de las obras para protegernos, porque nosotros somos lo que convivimos con el Dique y sabemos que todos los días está subiendo”. El relato es de Alexander Jordán, un docente de Santa Lucía que, al igual que muchos de sus coterráneos, reclama la construcción de un muro de contención para sentirse “más seguros”.
El Fondo de Adaptación se ha negado rotundamente a esa obra porque se va a hacer lo que recomendó el consorcio colombo - holandés que es una protección en colchacrero (una tela rellena de concreto) en la margen drecha.
Esas obras fueron adjudicadas por el Fondo en junio del año pasado a la firma A Construir, a través de una licitación por invitación, y tienen un costo de 21.987 millones de pesos.
A Construir es una firma de ingeniería propiedad de los hermanos Christian y José Manuel Daes, megacontratistas del alcalde barranquillero Álex Char, y su mayor experiencia se le conoce en la construcción de parques en la capital del Atlántico y ahora en la canalización de arroyos, como lo contamos en La Caribe.
La empresa de los Daes alcanzó a intervenir 774 metros para hacer una protección para que las aguas no se filtren y estos estuvieron listos en diciembre del año pasado.
Sin embargo, después de esa fecha la obra ha empezado a tener varios inconvenientes que le han hecho merecedora de críticas desde varios sectores del Atlántico y que le impiden que sea entregada en junio de este año como está estipulado en el contrato.
El primer impasse de la obra fue la suspensión que debió hacerse en ese mes de diciembre porque aumentó el nivel del Dique y los diseños establecen que con un nivel de más de 4 metros no se puede trabajar, según nos explicaron por aparte el ingeniero Luis Marenco, director de ingeniería de la firma, y Yesid Pinzón, supervisor del Fondo de Adaptación.
A mediados de enero de este año se reactivaron las obras de protección de los 626 metros restantes, pero dos meses después, el 24 de marzo, volvieron a parar los trabajos por un nuevo aumento en el nivel del canal. Esta parálisis podría ser por más de dos meses, de acuerdo con los pronósticos climáticos que prevén lluvias fuertes por estos días.
A esas dos parálisis que tienen la obra a mitad de camino, pese a que van ocho de los 10 meses que tiene el contrato como plazo de ejecución, se suman unas fallas que empiezan a verse en los trabajos, sin que todavía la construcción haya sido entregada oficialmente.
Hoy, de los 774 metros que se ven construidos 60 presentan falencias (como agrietamiento y desprendimiento del concreto) según el Fondo de Adaptación.
Esos problemas fueron denunciados por el diario El Heraldo a principios de abril y durante la visita que hicimos a la zona pudimos confirmar que varios de ellos no han sido reparados todavía.
Tras el evidente deterioro de algunos tramos de la obra, la secretaria de Infraestructura del Atlántico, Mercedes Muñoz, salió a decir el 10 de abril en medios de comunicación, que las obras no corresponden a los diseños.
Aunque esas declaraciones de la secretaria Muñoz fueron desmentidas por el contratista, la realidad es que la obra sí presenta fallas, como se lo ratificó a La Silla Caribe el ingeniero Yesid Pinzón, encargado de supervisar la obra por parte del Fondo.
“En algunos tramos la obra no cumple con las condiciones de calidad establecidas en el contrato”, nos dijo Pinzón.
Consultamos al ingeniero Luis Marenco, jefe de ingeniería de A Construir, y este alega en su defensa que este tipo de falencias se pueden presentar porque se trata de una obra que se realiza, en algunos tramos, por debajo del agua.
El Fondo de Adaptación espera que para el 2018 ya estén listos todos lo trabajos del Macroproyecto Canal del Dique que sería la solución definitiva de las inundaciones en el sur del Atlántico y en algunos pueblos de Bolívar. Pero toda esta historia de atrasos no genera mayor optimismo en los sureños.
Además de la protección contra las aguas del Magdalena, la gente del sur necesita ayuda para reactivar la economía de la zona que también resultó golpeada con la tragedia de 2010
Para recuperar ese sector, según el Fondo, se desarrolló un proyecto de reactivación de la ganadería, en el cual se invirtieron 14.564 millones de pesos para beneficiar a 1.000 familias ganaderas. En ese plan entregaron cinco novillas a cada una de las familias beneficiarias y el mejoramiento de 426 hectáreas de potreros.
Antes de las inundaciones de 2010 el sur de Atlántico era considerado la despensa del departamento y uno de las mayores productores de leche de la región: en esa zona había unas 11 asociaciones ganaderas y en municipios como Manatí, por ejemplo, había unos 240 ganaderos asociados que juntos aportaban unos 14 mil litros de leche diarios. Hoy, según cifras de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, no supera los 3 mil litros de leche recolectados, lo que evidencia que no ha habido una recuperación considerable en ese aspecto.
Por ahora, con lluvias casi todos los días en todo el Atlántico y con unas obras con fallas, en el Sur del departamento esperan seguir contando con la suerte que los ha acompañado hasta ahora y que ha permitido que, en seis años, no vuelva la tragedia de la inundación. Eso sería un milagro.
Por ANTONIO CANCHILA GARCÍA La Silla vacia
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