Qué tanto sirve invertir más plata en carrocerías y llantas para la seguridad en el Atlántico

Foto: Rtv.es

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, acaba de divulgar los resultados de un conjunto de estudios sobre la seguridad ciudadana en los cuales se concluye que la violencia y el crimen representan la mayor preocupación de la gente en América Latina.

Una preocupación generalizada en los pueblos de la región y muy perceptible hoy en el caso colombiano, particularmente en departamentos como el Atlántico y ciudades como Barranquilla, que en el pasado eran ejemplo de paz.

Lo que para América Latina es una terrible conclusión, lo es también para nuestro territorio: el crimen y la violencia tienen un dramático impacto económico sobre las mujeres, los jóvenes y el patrimonio de las familias.

En hogares con predomino de la violencia intrafamiliar los niños nacen con bajo peso, sufren una salud más precaria, se vacunan menos y tienen más riesgo de sufrir diarreas.  Un mayor sentido de la inseguridad reduce el valor de las rentas que perciben las viviendas en las zonas urbanas. El costo económico de la violencia tiene grave incidencia en la salud de la población y el Producto Interno Bruto, PIB. Las zonas con más altos índices de homicidio experimentan una reducción en la tasa de empleo y niveles más bajos de propiedad empresarial.

En medio de este panorama desolador de la inseguridad para el ciudadano, está el hecho de que “el crimen tiene costos tangibles directos como los gastos en mantener infraestructuras privadas y públicas para combatir y prevenirlo”, como lo señala el BID. En Colombia, los jóvenes que son enjuiciados y capturados tienen hasta un 15 por ciento menos de probabilidades de acudir al sistema de educación formal.

En el Departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla, el gasto público para una supuesta prevención de la inseguridad se ha llevado un poco más de 800 mil millones de pesos en la última década, dinero que se han utilizado para adquirir combustibles, motos, patrullas y el pago de recompensas. ¿Realmente ha servido esta inversión cuando los indicadores del crimen y de violencia muestran cifras aterradoras?

Será que es útil volver a invertir este año otros 20 mil millones de pesos para movilización de las fuerzas de seguridad? Qué pasa con la inteligencia contra el delito?

Los ideal sería, como lo propone el BID, que se apoye a las instituciones públicas que pueden prevenir mejor la violencia y el crimen con acciones que incluyen proyectos de prevención social enfocados en el fomento de más oportunidades para jóvenes, mejoras de los entornos y espacios públicos, fortalecimiento de la gestión policial, la justicia penal y la rehabilitación del delincuente.