Este año se cumple una década desde que una ciudadana llamada Marta Luz Sanz Borja interpuso una tutela contra la constructora Alejandro Char y Cía LTDA. y el Distrito de Barranquilla porque la vivienda de interés social que compró fue hecha en un terreno inestable y se estaba agrietando.
Su acción cobijó a los otros 155 propietarios del conjunto Altos del Campo, para quienes, sin embargo, el drama apenas se podría terminar de resolver en las próximas semanas, a pesar de que desde 2010 se confirmó en un estudio que las viviendas se levantaron sobre un deslizamiento activo y sus habitantes fueron evacuados durante el invierno de ese año.
En estos próximos días es que la constructora y el alcalde ad hoc Gustavo García (asesor del ministro del Interior Juan Fernando Cristo e hijo del senador liberal de Nariño Guillermo García Realpe) terminarán de ordenar el pago a los afectados para su reubicación permanente, en cumplimiento de la sentencia que salió en 2008.
La historia de esa tutela incluye los normales desencuentros entre partes que se enfrentan, pero también quejas de los residentes, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo por la demora en el cumplimiento del fallo por parte de la Alcaldía y el constructor, consignadas en al menos tres incidentes de desacato.
Lo particular de la situación ha sido que el largo viacrucis de las familias coincidió con la llegada de la casa Char al poder, primero en cabeza del propio ingeniero Álex Char Chaljub en 2008, luego con la exmandataria (y hoy ministra de Vivienda) Elsa Noguera y, desde enero, de nuevo con Char. Aunque, ese grupo nunca ha sido afectado en su imagen por esto y, de hecho, Char es hoy el mandatario de mayor aprobación en el país, según la última Gallup.
El poder del charismo en este caso se ha evidenciado, por ejemplo, en hechos como que uno de esos incidentes de desacato haya sido engavetado casi seis meses en la Corte por el magistrado Jorge Pretelt Chaljub, según contó el año pasado el entonces magistrado de ese alto tribunal Nilson Pinilla en medios.
Pretelt Chaljub es primo de Álex Char Chaljub, como lo informó el año pasado María Jimena Duzán en una columna. Y el abogado de la constructora del hoy mandatario era Víctor Pacheco, condenado este año por tráfico de influencias y reconocido nacionalmente por sus gestiones para mover los hilos en la Corte ante magistrados como Pretelt, investigado por presunta corrupción.
La novela de las casas agrietadas de Barranquilla comprende también otros dos conjuntos hechos por la constructora Alejandro Char (llamados Ciudad de Sol I y II) y construcciones de otras siete firmas. Viviendas levantadas todas en el barrio Campo Alegre, en unos terrenos sobre los que Ingeominas había advertido que no eran propicios para construcción de residencias desde 1997.
La Silla Caribe habló con la Alcaldía, con la constructora Char, con el abogado de la mayoría de propietarios, con Marta Sanz y con fuentes de la Defensoría del Pueblo para calcular el efecto de este caso en las arcas distritales y esto encontramos:
Primer estudio
Es lo que costó el estudio que en 2010 pagó el Distrito a la Universidad Industrial de Santander para determinar el riesgo en el conjunto Altos del Campo. Ese informe fue ordenado por la Corte Constitucional, que en 2008 concedió a Marta Sanz la tutela que había sido negada antes por dos juzgados de Barranquilla.
La Universidad concluyó que la constructora Alejandro Char y Cía había edificado esas viviendas “sobre un deslizamiento activo, cuyos movimientos se acentúan en época de invierno”. Y sugirió la reubicación porque no era posible garantizar la estabilidad del terreno. En su fallo, la Corte había dicho que si el dictamen salía en ese sentido la Alcaldía y la constructora debían cubrir por partes iguales los costos de la reubicación inmediata.
Subsidios de arriendo
Es lo que ha pagado el Distrito a 156 propietarios de apartamentos del conjunto Altos del Campo en subsidios de arriendo desde 2010 a junio de este año, a razón de 750 mil pesos mensuales para cada propietario.
En noviembre de ese año, los residentes fueron evacuados en la coyuntura del fuerte invierno que provocó un deslizamiento de tierra justo enfrente de la urbanización. Sin embargo, a pesar de que entonces ya existía la sentencia de la Corte que ordenaba que el Distrito y la constructora Alejandro Char asumieran por partes iguales los costos de la reubicación inmediata, estos recursos han corrido únicamente por cuenta de la Alcaldía y aún no existe ninguna acción conocida por parte de la Administración para recuperarlos.
Reubicación definitiva
Es lo que ha pagado el Distrito a 63 propietarios de apartamentos del conjunto Altos del Campo, para su reubicación definitiva. A cada uno de ellos le pagó 37.500.000 pesos, que es la mitad de los 75 millones de pesos que, según determinó un juez, debe recibir cada propietario a cambio de devolver su apartamento a la constructora Alejandro Char y Cía LTDA.
Resulta que, después de la evacuación de urgencia de los residentes, en 2011 un alcalde ad hoc para el caso, llamado Jorge Saúl Gómez Patiño, ordenó a la Secretaría de Planeación gestionar la compra de un lote para hacer un nuevo conjunto. Sin embargo, las partes no se pusieron nunca de acuerdo en eso y en 2013, al resolver una solicitud de cumplimiento de su sentencia, la Corte dijo que también cabía la posibilidad de que los propietarios recibieran el valor de su vivienda en dinero.
Reubicación definitiva faltante
Es lo que falta que pague el Distrito a los 92 propietarios restantes del conjunto Altos del Campo para su reubicación definitiva. A cada uno le corresponde los 75 millones que decidió el juez que recibió la tutela. Él así lo determinó en diciembre de 2014, luego de que varios propietarios propusieran esa cifra ante la Procuraduría para su socialización con todos los residentes.
Antes de eso, los propietarios y el Ministerio Público habían pedido hacer un avalúo a los apartamentos por parte de la Lonja de Bogotá, para de ahí calcular el valor que debía recibir cada uno. Ese estudio se hizo, pero la constructora Char nunca lo dio a conocer ni lo tuvo en cuenta porque -según nos dijo la gerente Nazira Visbal- “carecía de rigor y fundamento científico”. Sin embargo, algunos de los afectados creen que la razón fue que les pareció muy alto. La condición de tener que devolverle el apartamento a los constructores para poder recibir su dinero también fue decidida por el juez y se ha mantenido pese a que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo consideraron en su momento que no tiene sentido que si el Distrito paga la mitad para la reubicación definitiva de los residentes, la firma se quede con los bienes.
Estudios de riesgo en segundo conjunto
Es lo que pagó el Distrito por el estudio que la Universidad de la Costa CUC de Barranquilla hizo para determinar el riesgo del conjunto Ciudad del Sol I, también construido por Char en el barrio Campo Alegre. El valor total del informe fue de 484 millones de pesos y, según información que nos dio la oficina jurídica de la Alcaldía, la otra mitad corrió por cuenta de la constructora Alejandro Char y Cía LTDA.
Ese estudio fue ordenado por la Corte Constitucional, en respuesta a otra tutela interpuesta en 2009 por una de las residentes de ese conjunto, llamada María Carolina Díaz Gutiérrez. La CUC determinó que quienes viven en esa urbanización no están en peligro, conclusión que fue rechazada por los propietarios, quienes han mostrado en medios las grietas de sus casas. Ahora se está a la espera de que el alto tribunal emita un auto, teniendo en cuenta lo dicho por la institución.
Otros subsidios de arriendo
Es lo que ha pagado el Distrito en subsidios de arriendo a propietarios de los conjuntos Ciudad del Sol I y Ciudad del Sol II desde hace cinco años. Se trata de más o menos unas 180 personas que fueron evacuadas a causa de los deslizamientos durante el invierno, según información oficial.
Acción de grupo
Es lo que podría pagar el Distrito a los afectados de las casas construidas por Char si sale condenatorio el fallo de una acción de grupo que fue interpuesta en 2005 por el abogado Roberto Tapia. La acción representa a más o menos dos mil propietarios de conjuntos hechos por varias constructoras en el barrio Campo Alegre (además de la de Char: Marval, Metrópolis, Cadena Fauset, Urbe Inversores, Proyecto Barranquilla, Fonviconstrucciones y Ata Vista) pero este cálculo -según las pretensiones de los demandantes- es sólo para los dueños de los tres conjuntos levantados por Char allí.
Según nos contó el abogado, los demandantes esperan que les den 200 millones por apartamento (unos 160 de Altos del Campo y 450 de los conjuntos Ciudad del Sol I y Ciudad del Sol II). Por supuesto, esta cifra es apenas una posibilidad. Depende de que el fallo salga condenatorio y del grado de responsabilidad que determine el juez para el Distrito. La expectativa de esta acción de grupo ha hecho que algunos propietarios de Altos del Campo estén pensando no reclamar sus 75 millones porque les tocaría entregar su vivienda a la constructora y sería ésta, como nueva propietaria, la que podría terminar beneficiada.
La Silla Caribe
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