Foto: El Heraldo |
La sanción consiste en el pago de dos salarios mínimos mensuales vigentes por cada infracción cometida. La suma es nada despreciable: un millón 179 mil pesos. La alcaldesa, Elsa Noguera, firmó el 3 de septiembre del 2012 un decreto que estipula que las personas jurídicas deben pagar de 5 hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La medida busca concientizar a los ciudadanos barranquilleros sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
El manejo de residuos y desechos que abundan en las calles de nuestra ciudad se ha vuelto insostenible. Carretilleros desalojando basura en los terrenos, personas lanzando botellas plásticas desde sus carros y amos dejando las heces de sus mascotas en los jardines. Para que esta norma entre en vigencia, el DAMAB cuenta con 13 agentes de la Policía y con un grupo de caminantes ambientales.
La meta es que los oficiales competentes sean por lo menos 100. Todos ellos dispondrán de cámaras fotográficas y de videos para capturar a aquellos individuos que incumplan la norma ambiental. La personas sorprendidas en el acto serán llevadas a una comisaría en dónde informarán a las autoridades competentes sobre su sitio de residencia. La razón para esto es simple: si no pagan el comparendo, podrán ser sometidas a medidas coactivas que se extienden al embargo de cuentas y bienes.
Ya era hora que se tomaran cartas serias en el asunto. Nuestra ciudad es el lugar en dónde diariamente vivimos y lo mínimo que podemos tener, como consideración con nosotros mismos y con nuestros congéneres, es un espacio amable en dónde primen el amor por lo propio y el respeto. Apersonémonos del asunto y cuidemos nuestro entorno. Hagámoslo no por el miedo a una multa, sino, porque realmente valoramos a nuestra ciudad. Barranquilla nos pertenece a todos.
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